La devastadora reforma de la LPI

Cuando las leyes no favorecen los intereses de los poderosos se cambian a su antojo, y la reforma de LPI es una vuelta de tuerca adicional que pone en riesgo la libertad de la red. Con la entrada de las modificaciones a la Ley de Propiedad Intelectual que se aprobó recientemente, se introducen elementos que endurecen y restringen los derechos de los usuarios.

Como en situaciones anteriores se legisla para favorecer a un colectivo específico en contra del interés de la mayoría y ahora es el conglomerado AEDE (formado por los principales editores de diarios españoles) el que pretende cobrar una tasa por la citación de textos. Los grandes perjudicados del proceso serán los portales de agregación de noticias, ya que por supuesto, Google es más que suficiente para plantar cara a cualquier presión de los medios. Y también los usuarios publicadores, que verán cómo una entidad privada cobra por las citas que de ellos se realiza, como ya pasaba con los no asociados en la SGAE en cierta manera.

 Además, se refuerza el poder de la comisión Sinde otorgándole potestad para sancionar y perseguir webs de enlaces que simplemente muestren “descripción o localización de obras” a través de presiones a empresas de hosting o publicitarias que utilice el portal en cuestión. En definitiva, un nuevo despropósito en el que el Ministro Wert añade su rúbrica para empeorar una ya nefasta situación de servilismo, en contra de la legislación Comunitaria y el interés de la ciudadanía.

Si se establece el canon de la AEDE, pasamos a tener una parte determinada de la red que, en virtud de una ley, no puede ser citada ni enlazada si no media un pago a cambio. No, las cosas no son así: en la red, citar fragmentos breves y enlazar es algo que forma parte de la libertad de todo usuario. Bajo el régimen propuesto, pasamos a generar todo un ámbito con límites difusos en los que el Estado pasa a meter sus narices mediante una sociedad de gestión que recauda un canon, bajo exactamente la misma fórmula que el de la denostada SGAE, y que reparte igualmente a su antojo. Todo lo aplicable al canon de la SGAE es aplicable a este caso, con el agravante de que, además, aquí nos referimos a algo tan sensible como la libertad de información.

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