Sinde rechos

Tras el acuerdo entre los partidos mayoritarios PP y PSOE, la Ley Sinde ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados tras su paso por el Senado. Ahora, se inician los trámites para constituir una Comisión de la Propiedad Intelectual dependiente del Ministerio de Cultura con derecho a censura de contenidos.

Aunque existe la presencia de un juez en el proceso, es testimonial y no hace otra cosa que facilitar la identificación de los presuntos infractores dejando en manos de la Comisión las decisiones sobre la aplicación de la censura sin derecho por parte de los afectados al Derecho de Presunción de Inocencia ni a un juicio

Con las modificaciones respecto a la versión que tumbó el Congreso, se añade la intervención judicial en el primer momento del proceso, el de la identificación del “responsable del servicio que está realizando una conducta presuntamente vulneradora”. El texto contempla que los “órganos competentes podrán requerir a los prestadores de servicios de la sociedad de la información la cesión de los datos que permitan tal identificación a fin de que pueda comparecer en el procedimiento. Tal requerimiento exigirá la previa autorización judicial”.

La Comisión se estructurará en dos Secciones teniendo la primera las funciones de mediación para la resolución pacifica del conflicto instando a las páginas a quitar los contenidos en un plazo de 48 horas, dejando la parte beligerante a la segunda Sección que se encargará de ejercer la censura.

La Comisión actuará por medio de dos Secciones. La Sección Primera ejercerá las funciones de mediación y arbitraje que le atribuye la presente ley. La Sección Segunda velará, en el ámbito de las competencias del Ministerio de Cultura, por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de información

Ante esta situación la Asociación de Internautas ha anunciado su intención de presentar recurso al Constitucional y las protestas persisten en canales de Twitter y a través del colectivo Anonymous.

David Bravo, abogado especialista en propiedad intelectual, resaltaba en declaraciones a RTVE.es que “esencialmente aquello que hacía preocupante la ley Sinde no ha cambiado”.Afirma que no hay modificaciones sustanciales garantistas y califica los cambios como “accidentales” ya que aunque “introducen al juez en la parte de la petición de datos a los proveedores de servicios, no es el juez el que decide si existe una infracción y éste sigue teniendo una función decorativa”.